En el mundo, los niños y las niñas afrontan numerosos obstáculos para acceder a la justicia. De acuerdo con UNICEF, a pesar de que los y las menores tienen reconocido su derecho universal de acceso a la justicia, este se ve vulnerado por su edad, por su dependencia y por las percepciones culturales del lugar que a los niños y niñas les corresponde en la sociedad. Las evidencias científicas indican que, además de la falta de conocimiento que tenemos sobre la incidencia de la violencia y los abusos sexuales en la infancia, las estructuras de poder y desigualdad social afectan de manera interseccional en los procesos judiciales de niños y niñas que denuncian abusos sexuales.  

La prestigiosa revista Gender & Society, primera en el ranking de revistas JCR sobre Women Studies, publicó el artículo Intersectionality and Credibility in Child Sexual Assault Trials, realizado por Amber Joy Powell, Heather R. Hlavka y Sameena Mulla. El estudio, llevado a cabo en el Medio Oeste de EE.UU., analizó documentos de 650 comparecencias judiciales de diferentes procesos, juicios, negociaciones, audiencias, etc. 

Del análisis, emergieron varios temas importantes. Por una parte, las “heridas invisibles”, mostrando cómo la ausencia de heridas físicas resta credibilidad a las víctimas. Este prejuicio se basa en el mito de que los cuerpos deben estar dañados y responder a un imaginario de fragilidad y vulnerabilidad, así como a la narrativa cultural dominante de cómo debe comportarse una víctima. Pero este imaginario, además, varía según la raza y la edad, y considera a unos y a otros de manera desigual. En este sentido, cuando los niños y niñas son preadolescentes o adolescentes se les resta credibilidad, no se confía en su testimonio de igual manera que, por ejemplo, con las y los menores de cuatro años. Si, además, las adolescentes son afroamericanas, éstas son estereotipadas como más libidinosas, descontroladas y provocadoras que otros niños y niñas. 

Según el estudio, los abogados defensores de los agresores acusados suelen recurrir a estereotipos racistas, clasistas, edistas y sexistas para establecer dudas sobre los y las menores, sus narrativas, sus identidades y la historia de sus familias. El estudio encontró que en algunos casos suelen basar la defensa de los acusados en estigmas injustamente atribuidos a las familias afroamericanas presentándolas como desviadas, pobres, monoparentales, multigeneracionales, etc. 

Estas prácticas dificultan la denuncia, socavan la credibilidad de las víctimas, generan confusión, provocan revictimización y alejan de la verdad. Además, como afirman las autoras, reproducen y perpetúan una desigualdad estructural a costa de la infancia más vulnerable.

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