El castigo físico es la forma más común de violencia contra la infancia en todo el mundo e incluye cualquier uso de la fuerza física que cause cierto grado de dolor o incomodidad. La revista académica Child Abuse & Neglect ha publicado el número especial Moving beyond the spanking debate: A call to action, editado por Tracie Afifi y Elisa Romano, dedicado a avanzar en este campo a través de la investigación y de documentos de discusión para ayudar a las familias a eliminar cualquier forma de castigo físico y promover estrategias de crianza positivas basadas en evidencias científicas.
A menudo, en entornos escolares o familiares, salta el debate sobre la conveniencia o no de dar “un azote de vez en cuando”. Más de veinte años de sólida investigación sobre los efectos en la infancia de cualquier tipo de castigo físico, demuestran que esta forma de disciplina tan extendida y normalizada, no sólo no mejora el comportamiento infantil sino que se asocia a un mayor riesgo de sufrir problemas posteriores de salud mental (Thomson, 2002) y dificultades sociales y del desarrollo (Thomson & Grogan-Kaylor, 2016). Simultáneamente, no existe ningún estudio de investigación que evidencie que los azotes tengan algún efecto positivo o beneficioso en el comportamiento y el desarrollo infantil (Durrant & Ensom, 2012).
Los niños y niñas necesitan crecer en un entorno seguro libre de toda forma de violencia en el que sus figuras de referencia adulta sean capaces de establecer normas coherentes y límites bien definidos sin ejercer sobre ellos y ellas la fuerza física. “Un azote de vez en cuando” es legitimar la humillación y justificar la violencia física en un momento en el que existe un reconocimiento mundial cada vez mayor de los derechos de la infancia, como población más vulnerable del mundo, establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 para eliminar toda forma de violencia.
Quienes opinan acaloradamente a favor de “un azote de vez en cuando”, deberían contemplar que esta forma de castigo físico únicamente demuestra abuso de poder y una pérdida de control de la persona adulta que lo infiere, que España es uno de los 53 países y estados a nivel mundial en los que se prohíbe, que no existe ninguna evidencia científica que demuestre que los azotes mejoran el comportamiento de los niños y niñas y que, por el contrario, se asocian a problemas posteriores de salud mental y relaciones sociales e intrafamiliares negativas.
