Los hechos que luego la fiscalía consideró delictivos no habían prescrito cuando, en 2009, la profesora P envió un escrito oficial a la institución; tampoco cuando se denunció concretamente el caso de la alumna V, ni tampoco cuando la Universidad comenzó su serie de tres comisiones investigadoras. Sin embargo, sí habían prescrito cuando, el 5 de octubre de 2012, la Universidad informó a la Fiscalía. De esa forma se generaron problemas que todavía hoy están siendo graves para antiguas y nuevas víctimas, además de para las personas que las apoyan.

El 25 de noviembre de 2009, coincidiendo con el día mundial contra la violencia de género, la profesora P envió a la entonces Decana de la Facultad de Economía y Empresa una carta donde se especificaba que la estructura del máster y doctorado de sociología fomentaba “tres tipos de presiones. La primera es la sexual; no responder a cualquier insinuación o no aceptar hacer tutorías en los lugares de fuera de la UB donde diga el catedrático, puede tener graves consecuencias para su cualificación, aunque sin ninguna duda después el director justificará esta puntuación por criterios académicos y obtendrá el aval de la Facultad”. Previamente, en esta misma carta ya se mencionaba que “no hay ninguna universidad de calidad del mundo con un proceso como este o similar”. P nunca recibió respuesta.

Casi dos años más tarde, el 26 de septiembre del 2011, la alumna de máster V pide ayuda al profesor F mostrándole un correo electrónico del catedrático DM. F presenta, adjuntando este email una denuncia clarificando que “la receptora del email está de acuerdo en que la envíe, también en hablar con usted y con quien sea necesario para contribuir a solucionar una situación que perdura desde hace muchos años y afecta a muchos y muchas alumnos/as. En la medida en que el mencionado catedrático también añade en su firma la marca de una de las primeras Universidades del mundo, Harvard, me siento con la obligación profesional y ética de comunicar la situación también a esta universidad, y en concreto, a su Office of Sexual Assault Prevention and Response”. El 5 de octubre la Comisión de Igualdad de la Facultad evalúa la carta y el email y decide que no hay caso. El 19 de octubre la Office of Sexual Assault Prevention and Response de Harvard envía un correo electrónico a la Decana diciendo que el profesor DM no puede poner el nombre de la Universidad de Harvard en sus comunicaciones. Consecuentemente, ante el escándalo que aquello podía producir a nivel universitario internacional, el 26 de octubre la Comisión de Igualdad de la Facultad se vuelve a reunir y decide iniciar el caso. Pero no es hasta un año más tarde, el 5 de octubre de 2012 que la universidad envía el caso a Fiscalía quedando archivado por prescripción en setiembre de 2013, aunque en dicho informe de archivo se reconocieron los hechos como conductas delictivas de acoso sexual.

El archivo de este caso resulta de la inoperancia de la universidad al recibir la primera queja en 2009 y no dar ninguna respuesta al respecto hasta al cabo de tres años, justamente cuando los delitos prescriben. La no respuesta de la universidad y el posterior archivo del caso abrieron la puerta a la inmunidad del profesor denunciado en ámbitos muy diversos. Años más tarde aparecen noticias en los periódicos de México denunciando públicamente abusos de poder y acoso por parte del mismo, lo cual evidencia que la estructura del silencio tiene graves consecuencias allí donde va, encubierto por dicha impunidad. Los vínculos de poder se extienden al lograr frenar una campaña de protesta de estudiantes contra su reincorporación en la universidad, desviando el foco de atención y atacando a las personas que se habían posicionado desde siempre contra la violencia de género en la universidad.

Otra de las consecuencias de esta inmunidad, regalada por la propia institución, aparece recientemente, mostrándose él como uno de los nominadores a los premios Princesa de Asturias. Así se evidencia una vez más que, cuando no se aborda un caso de violencia de género desde el primer momento en que se detecta, se potencia el silencio y el ataque a las víctimas; las consecuencias de ello son muy graves, para las víctimas, para las personas que se posicionan con ellas y, por supuesto, para el nombre de las instituciones que así lo esconden.

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