Visibilizar y superar la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad
Isabel Caballero ha participado en diversas publicaciones y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la formación a profesionales sobre derechos humanos, género y discapacidad. En 2015 asumió la coordinación de la Fundación CERMI MUJERES.
¿Qué se puede destacar de los datos e investigaciones existentes sobre la discriminación y violencia contra mujeres y niñas con discapacidad en diferentes contextos?
Uno de los ejes prioritarios en el que está trabajando La Fundación CERMI MUJERES ha sido en materia de violencia de género, porque uno de los principales problemas que tenemos es que no existen registros estadísticos oficiales que den cuenta de cuál es la magnitud de este fenómeno cuando las víctimas son mujeres con discapacidad ya que no está registrada la discapacidad como indicador. Es muy difícil saber cuántas mujeres con discapacidad presentan una denuncia por ser víctimas de violencia de género, cuántas pueden llegar a retirar la denuncia, cuántas mujeres adquieren una discapacidad como consecuencia de la violencia que han sufrido, o cuántos niños o niñas nacen con discapacidad como consecuencia del maltrato que han sufrido sus madres durante el embarazo. Oficialmente, solo está recogido el dato último de mujeres que son asesinadas por sus parejas o exparejas y que tienen discapacidad, y la media viene a ser de un 8 a un 10% de las mujeres que son asesinadas en nuestro país, teniendo en cuenta que el dato puede aumentar porque no todas las mujeres están valoradas y no todas tienen un certificado. En España hay casi 4 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 60% son mujeres y, sin embargo, no aparecen en las estadísticas, no aparecen en las políticas públicas.
¿Qué acciones desarrolláis en la Fundación CERMI MUJERES para avanzar en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad?
La Fundación CERMI MUJERES hicimos hace un par de años un informe a partir de una explotación de los microdatos de la Macroencuesta que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género publica periódicamente. Lo que vimos, teniendo en cuenta que no podemos sacar conclusiones generales por tratarse de una muestra muy pequeña, fue que en todos los tipos de violencia –física, psicológica, económica-, las mujeres con discapacidad tenían un riesgo de ser víctimas de violencia 10 puntos porcentuales por encima del resto de las mujeres.
El pasado mes de marzo, España fue considerada en Ginebra ante el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Fundación CERMI MUJERES presentó lo que se denomina un ‘informe sombra’ para informar al Comité de lo que realmente está pasando, aparte de lo que dice la Delegación que lleva el Gobierno.
¿Qué valoración hacéis de estos años de andadura?
El balance que hacemos de estos 4-5 años es muy positivo porque hoy por hoy la Fundación CERMI MUJERES es la entidad preferente de niñas y mujeres con discapacidad, no solamente en España, también se ha convertido en un referente internacional.
En el año 2017 estuvimos formando parte de los grupos de trabajo para la elaboración de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y conseguimos que se introdujesen medidas a favor de las mujeres con discapacidad. También se presentó una propuesta de reforma del Código Penal para la eliminación de las esterilizaciones. Estamos haciendo incidencia política de alto nivel. Hemos conseguido que todos los informes estadísticos en materia de violencia de género incluyan el indicador de discapacidad. Estamos trabajando también en la activación laboral de mujeres con discapacidad. Hemos elaborado guías para introducir el enfoque de género en programas del Fondo Social Europeo. Tenemos dos grandes eventos anuales, el Foro Social de Mujeres con Discapacidad y la Conferencia Sectorial. En el ámbito de la Unión Europea hay un déficit importante en política de igualdad de género y más aún para que incluyan otras variables como la discapacidad; el movimiento social español es un referente sin duda.
Recientemente, el gobierno ha anunciado el cierre de los colegios de educación especial. ¿Podría esta medida influir de alguna manera en la discriminación y la violencia escolar que sufren las niñas con discapacidad?
El Comité de UN sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad elaboró un informe acerca de la situación de la educación inclusiva en España, en el que hizo una crítica fortísima del sistema dual establecido en detrimento del alumnado con discapacidad. El informe plantea que las familias preferían que sus hijas –y se referían a las niñas- acudieran a un centro específico porque estaban en un mayor riesgo de ser víctimas de acoso en un centro ordinario. El Comité fue claro cuando España fue considerada el mes de marzo en Ginebra, no entró ni siquiera a discutirlo, la Convención habla de educación inclusiva y España hace bien en promover una nueva legislación que tome en consideración los preceptos de la Convención. La idea es que la escuela sea para todas las niñas y niños sin excepción y que se apliquen los apoyos que sean necesarios para todos. Hay que hacerlo bien, con un proceso de transición garantizando todos los recursos, la participación de las familias, y una organización adecuada de los centros y las aulas.
¿Qué pasos queréis seguir dando, y cómo podemos colaborar la ciudadanía para erradicar la violencia y discriminación que sufre este colectivo?
Nosotras vamos a trabajar con mucha firmeza en las medidas que se adoptaron para el Pacto de Estado. Vamos a iniciar una investigación sobre violencia sexual contra las mujeres con discapacidad intelectual. También estamos promoviendo medidas de formación con profesionales encargados de prevenir la violencia de género en distintas comunidades autónomas. Lo que nosotras intentamos es llevar la Convención a la base, no solamente a profesionales que nos parecen claves, como jueces, fiscales, abogados, o la policía, sino también a la ciudadanía para que sea un aprendizaje que tiene que empezar desde las escuelas, por eso hablamos de educación inclusiva. La filosofía de los derechos humanos tiene que estar en nuestra cotidianidad. Se tiene que aprender desde pequeños, que forme parte de la diversidad humana y tiene que estar en las calles, en las escuelas, en los trabajos, en todos los sitios.
También nos preocupan otras formas de violencia que no están conectadas necesariamente con lo que es la violencia de género según la ley integral, pero que son auténticas violaciones de derechos humanos y que conculcan la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también el Convenio de Estambul que España ratificó en 2014. Me estoy refiriendo a las esterilizaciones. Estas prácticas están reconocidas en nuestro código penal. Hay un previo procedimiento de incapacitación legal que contraviene la propia Convención, porque la Convención dice que hay que establecer mecanismos de apoyo a la toma de decisiones y no un mecanismo de sustitución de la voluntad. El artículo 39 del Convenio de Estambul dice de manera clara que estará prohibido todo tipo de esterilizaciones que se practiquen contra la voluntad de la mujer. Queremos que quede bien claro que este enfoque que defendemos es feminista.
