Cuando la víctima V fue la primera convocada por la Comisión destinada a realizar un expediente informativo sobre el catedrático denunciado DM, acudió muy esperanzada en que por fin la Universidad comenzara a actuar; de hecho, se iniciaba así la aplicación del protocolo contra el acoso que se acababa de aprobar. Sin embargo, desde el primer instante se vio envuelta en un durísimo y atacante interrogatorio sobre su propia vida y sobre la del catedrático F que le dirigía la tesis y que puso la denuncia, apoyándola a ella y a las demás víctimas. Las preguntas no iban dirigidas a clarificar los presuntos acosos denunciados, sino a buscar algún detalle de la relación personal o profesional entre V y F que pudiera deslegitimar su denuncia. El enfado y la irritación no iban dirigidos contra los acosos sexuales, sino contra las personas que iniciaron las denuncias y a las que se consideraba perturbadoras del “normal” funcionamiento de la universidad.
Cuestionamientos sobre la incorporación de la víctima como docente en el departamento no tenían más objetivo que desacreditarla intelectualmente dudando de su calidad profesional. Preguntas posteriores sobre por qué escogió a su tutor de tesis, o por qué pertenece al mismo centro de investigación que él, le hacían ver de nuevo más interés en aspectos relacionados con el catedrático que la apoyó que con el acusado. El tono, el estilo, el contenido y las formas le querían hacer cuestionar su voluntad de denunciar.
En medio de las preguntas preparadas, se saltaba unas o introducía otras, y no fue hasta la octava que le preguntó por el catedrático. A partir de ese momento era cuando la víctima podía contar el motivo por el cual decidió romper el silencio. Pero entonces el instructor del caso la interrumpía, no la dejaba acabar. Al relatar un caso de acoso, todos esos impedimentos, la incomodaban haciéndole sentir que las preguntas concisas y el lenguaje elaborado no respondían a la situación que había vivido y que la había motivado a denunciar.
Finalmente, el documento del acta de la toma de declaraciones no recogía del todo lo que allí se habló y de qué manera se hizo. Mientras que en el acta aparecían las preguntas que tenía preparadas la Comisión para hacerlas constar oficialmente, el interrogatorio había introducido cambios importantes sin los cuales las preguntas quedan descontextualizadas. Al final, con el acta impresa y en la lectura final antes de firmarla, la víctima vio una serie de cosas que no se correspondían con lo que allí se dijo. Entonces el instructor, aprovechando su situación de poder y autoridad, le metió prisas para que acabara rápido.
Este contexto es el que culpabiliza y revictimiza a las propias víctimas y a quienes las apoyan. También resultó curioso que el interrogatorio se centrara más en aspectos relacionados con la persona denunciante que con la denunciada. Un instructor que defiende al decanato, los servicios jurídicos y la misma estructura que ha mantenido silenciado durante décadas el acoso interno, está utilizando su situación de poder ante la debilidad de la persona interrogada y que ha sido acosada por un catedrático.
Coordinadora del Metoo University