El pasado mes de marzo, la Comisión Europea publicaba el informe “Strengthening victims’ rights: from compensation to reparation”, realizado por Joëlle Milquet, Asesora Especial del Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker en relación con la compensación a las víctimas de delitos en la Unión Europea.

El informe responde a la necesidad de dar respuesta a la implementación efectiva de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2012) por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, así como también a la Directiva 2004/80CE del Consejo sobre indemnización a las víctimas de delito, que establece el derecho al acceso a los esquemas nacionales de compensación a las víctimas del crimen internacional, independientemente del lugar de la UE donde se haya perpetrado el delito.

Aunque existe un marco legal de protección y compensación a las víctimas, la realidad muestra que todavía existen muchas barreras para acceder a estos mecanismos formales de compensación. De aquí que en 2017 Joëlle Milquet fuera designada Asesora Especial del Presidente Juncker con la misión de preparar un informe sobre cómo mejorar el acceso de las víctimas de delitos a dichos mecanismos de compensación en la UE. Un aspecto relevante de este informe es que parte de un enfoque holístico, es decir, no se limita a los aspectos económicos de la compensación, sino también a dar respuesta a las barreras que encuentran las víctimas cuando solicitan compensación. En este sentido, este trabajo parte de un enfoque de los derechos humanos en el acceso a la justicia al asumir que las víctimas de delitos tienen derecho a la justicia y que la justicia penal sirve para reparar -por ley- el mal cometido contra éstas.

Después de haber consultado con diferentes agentes sociales incluidas las organizaciones que integran la EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings, Milquet explica que las mayores dificultades de una víctima para acceder a la justicia y compensación se derivan de la falta de información, el insuficiente apoyo y los criterios de elegibilidad u obstáculos procesales excesivamente restrictivos.

En el informe se hacen 41 recomendaciones sobre cómo mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y los mecanismos de compensación, divididas en seis grandes bloques:  

  • Fortalecimiento de la cooperación: por ejemplo, la adopción de estrategias nacionales sobre los derechos de las víctimas, así como también ‘coordinadores nacionales’ para los derechos de las víctimas.
  • Acceso a la información: se propone un conjunto de acciones que incluyen medidas para obligar a los fiscales y jueces a verificar el conocimiento que tienen las víctimas sobre su derecho a reclamar una indemnización durante los procedimientos penales.
  • Formación: se recomienda la formación obligatoria para todas las personas identificadas y reconocidas como víctimas. Se recomienda que la UE tome medidas para crear páginas web que sean accesibles y entendibles para las víctimas, así como la importancia de las campañas de sensibilización.
  • La compensación estatal, se enfatizan aquellos mecanismos de compensación que van más allá de la indemnización económica, por ejemplo, que incluyan servicios de asistencia gratuitos y multidisciplinares (p.e., centros de recuperación) y asistencia personal para las víctimas de los delitos más graves. El informe subraya que los Estados miembros deberían establecer fondos nacionales de compensación y puntos de contacto (contact points) de compensación para las víctimas. Por último, se recomienda especificar la definición de “víctimas elegibles para la indemnización” (victims eligible for compensation) y de “acto violento intencional” (intentional violent act).
  • Compensación por parte de los delincuentes dentro del proceso penal: medidas orientadas a introducir la posibilidad de que los jueces penales impongan medidas de compensación en forma de sanciones accesorias.
  • Acceso a servicios de apoyo: acciones que mejoren el acceso a la asistencia legal para las víctimas de delitos y mejores medidas de ejecución.
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