Portugal se suma a Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Chipre, Luxemburgo, Islandia, Alemania y Suecia al aprobar una nueva ley que considera que todo sexo sin consentimiento es un delito de violación. Solo 9 países de 31 en el área económica europea y Suiza reconocen el simple hecho de que el sexo sin consentimiento constituye violación.
La definición legal de la violación basada en la ausencia de consentimiento no es nueva ni innovadora. Es una norma internacional reconocida de derechos humanos. 33 países de los 47 estados miembros ratificaron entre 2012 y 2018 el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) pero no todos ellos incorporaron medidas como estas que permiten proteger, muy especialmente a las mujeres, de la violencia machista. En su artículo 36, el Convenio de Estambul deja muy clara a los países que lo ratifican, la condición de adoptar medidas legislativas para tipificar como delito cualquier acto de carácter sexual no consentido sobre otra persona y añade que “el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes”.
En la actualidad el desafío sobre el consentimiento es un debate social profundo que se está abordando desde la diversidad de campos de estudios. Cada vez son más claras algunas de las claves que se requieren analizar y regular para trabajar su prevención en la infancia y en la juventud. En este sentido, una de las preocupaciones ciudadanas que cada vez emerge con más fuerza en las movilizaciones sociales es la necesidad de una legislación que proteja a todas las víctimas de la violencia de género y que abra mecanismos de diálogo y reflexión profunda entre los movimientos sociales, las evidencias científicas y las políticas sociales, para encontrar los procesos y las vías para hacerlo. Hacerlo supone un apoyo más a las mujeres y un avance tanto en la superación como en la prevención de la violencia de género. La solidaridad y el giro que se ha producido en el debate social empuja a los gobiernos a responsabilizarse de sus compromisos.
El Parlamento de Portugal, de manera unánime, recoge esta demanda social y asume su compromiso con esta enmienda a la ley para ampliar la definición de violación de manera que cubra todo el sexo sin consentimiento.
