Una soldado ha sido dada de baja oficialmente en el Boletín del Ministerio de Defensa presuntamente por pérdida de condiciones psicofísicas, aunque tenía un contrato con el ejército hasta 2024, ha quedado dada de baja sin derecho de pensión o indemnización.

Desde 2016 la soldado ha estado de baja psicológica a causa de un trastorno postraumático, aunque su trabajo siempre se ha desarrollado en oficina. La soldado, quien llevaba diez años de servicio, denunció a su jefe el 22 de marzo de 2016 a la policía de Elche después de presuntamente soportar dos años de abuso sexual por su parte y chantaje continuado si ella se negaba a hacer lo que él le pedía. Además del supuesto acoso , tuvo que soportar la complicidad del comandante, quien recibió su queja y no activó el protocolo de acoso sexual. No fue hasta el momento en que ella fotografió el presunto acoso sexual que no se activó el protocolo; aún con eso recibió presiones para que no denunciara lo sucedido, más teniendo en cuenta el riesgo que corría por la peligrosidad de su presunto abusador.

Según comenta la víctima, ella acudió al despacho del comandante y, sin mediar palabra, le mostró la imagen del móvil. Entonces sí se activó el protocolo disciplinario. Se abrió un expediente y acudió a la base un instructor, quien le aconsejó que no presentara denuncia. Tres años más tarde el caso sigue pendiente de juicio, aunque el proceso judicial está empezado, mientras que el presunto acosador continua en el cuerpo. El diario El Mundo publica fragmentos de las declaraciones de la presunta víctima.

Muchas veces las situaciones de acoso siguen unas dinámicas de complicidades entre las personas que sustentan el poder con la total dominación hacia las víctimas, como se señala en la sección Omertá en la universidad,  y la dificultad que hay en el momento de denunciar esos casos es evidente como ya apunta la campaña americana #WhyIDidntReport

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