En el marco de trabajo de Human Reproduction Programme la  Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2014 una declaración sobre “Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud”  al estimar esta violencia una realidad en todo el mundo.

El pasado mes de octubre la diputada en la oposición Ivana Nincevic-Lesandric irrumpió de manera inesperada en el parlamento croata hablando de su propia experiencia sobre la violencia en la obstetricia; ante esto, el Ministro de Salud se lo atribuyó como un “problema de su imaginación”, ocasionando que Croacia viva su propio movimiento #Metoo, protagonizado por mujeres que denuncian haber sido sometidas a abusos durante el embarazo y el parto. Ahora este movimiento social exige que se avance en la lucha contra este tipo de violencia que vienen sufriendo las mujeres durante décadas y se encuentre una solución.

Según informan los medios, aunque el debate se originó previamente en las redes sociales a través del grupo de lucha por los derechos de Padres en Acción (RODA en croata), no fue hasta que la diputada habló en el Parlamento que se inició un debate nacional. Ivana Nincevic-Lesandric contó cómo al tener un aborto involuntario sufrió los 30 minutos más dolorosos de su vida, en los que le ataron los brazos y las piernas para proceder al raspado sin anestesia.

Ante tal denuncia, el Ministro de Salud Milan Kujundzic negó este problema en los hospitales croatas, lo que ocasionó que en un solo fin de semana se registraran 400 testimonios de mujeres que rompían su silencio sobre los abusos sufridos durante el embarazo y el parto. Los informes, enviados posteriormente al Ministro, están llenos de humillación y dolor y muestran casos de biopsias sin anestesia, procedimientos de fertilidad con asistencia médica sin anestesia, suturas tras parto hechas sin anestesia o episiotomía sin anestesia, además de comentarios humillantes.

Ante este tipo de violencia que sufren las mujeres la OMS mantiene un posicionamiento en que valora la salud sexual y reproductiva como un derecho de todas las mujeres, al considerar un hecho que durante el parto la mujer es vulnerable y, por lo tanto, un trato irresponsable, ofensivo o negligente tiene consecuencias directas tanto en la madre como en el bebé.

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