El gobierno estudia la propuesta de reforma del código penal por parte de los expertos de la sección penal de la Comisión General de Codificación que modificaría la catalogación de los delitos sexuales en dos tipos; “agresiones sexuales” para castigar los comportamientos y acciones que atenten contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento y “violaciones” en los casos en que, además, se haya “dado penetración”, suprimiendo el concepto de “abuso sexual”, según informaba Europa Press el viernes pasado.
Según ha declarado Isabel Celaá en la rueda de prensa que se ha ofrecido tras el Consejo de Ministros, en dicho Informe los expertos plantean “prisión para cualquier comportamiento sexual hacia una mujer sin su consentimiento” añadiendo que, en su opinión, el Gobierno “ha cumplido con su compromiso trayendo a este Consejo de Ministros el estudio necesario para poder avanzar en este terreno”. Otro de los aspectos que contempla el Informe, según recoge Noticias de Navarra, es la revisión de las penas de los delitos sexuales, aunque la máxima pena por violación seguirá siendo de 15 años. Esta medida ha suscitado un intenso debate entre los juristas, ya que también el homicidio está castigado con esa pena, todo ello en pleno debate tras el cruel asesinato de Laura Luelmo, una de las últimas víctimas de violencia de género y cuyo caso ha conmocionado a la opinión pública. La discusión se cerró con el acuerdo en firme de que cuando concurran al menos dos circunstancias de elevada gravedad como en las que se ha hecho uso de armas que ponen en riesgo la integridad de la víctima o ésta recibe un trato degradante o vejatorio, se aplicará la condena máxima. Además se introducen matices que no estaban contemplados y que recogen nuevas realidades como si una víctima ha bebido alcohol o tomado drogas por voluntad propia en cuya circunstancia la voluntad queda anulada o si ha sido drogada sin consentimiento, circunstancia que agrava y añade mayor responsabilidad para el o los autores.
Otra de las variaciones que propone el Informe, según El País, es tratar “la actuación conjunta de dos o más personas” como agravante que aumente la pena de cualquier delito sexual de forma similar a cuando hay violencia o intimidación.
Este Informe realizado por un grupo de expertos juristas compuesto por 15 mujeres y 13 hombres, no es vinculante sino que plantea y recoge propuestas cuyo texto definitivo deberá entregarse al ejecutivo antes del 31 de diciembre y a partir de ahí, tal y como declaraba Carmen Calvo esta semana, será el Gobierno el que decida qué reforma del Código Penal propone finalmente. La intención, según la vicepresidenta, es garantizar en la medida de lo posible el consentimiento para una relación sexual así como la concreción del artículo 106 del Código Penal para reforzar la libertad vigilada de las personas que hayan cumplido condena por haber cometido delitos que atentan contra la vida y la libertad de las mujeres.
Una buena noticia que sin duda se ha hecho esperar, pues tras el impacto de casos como el de la sentencia de La Manada que hizo salir a miles de personas a la calle en toda España o el reciente asesinato de Laura Luengo ponen de manifiesto la necesidad y la demanda por parte del conjunto de la sociedad para que se apliquen cambios, no sólo en el código penal, sino en la aplicación de políticas y actuaciones basadas en evidencias que superen con éxito la violencia de género.
