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El Senado argentino aprobó recientemente, por unanimidad, la ley Micaela contra la violencia de género. Uno de los objetivos de esta ley es formar obligatoriamente a todos los funcionarios públicos de los diversos ámbitos en cuestiones de violencia de género.

La ley lleva el nombre de una de las víctimas de 2018, Micaela García, estudiante de magisterio de educación física, que participaba activamente en los movimientos feministas contra la violencia de género y en las redes sociales #niunamenos.  Su agresor tenía un historial previo delictivo por violaciones y, aunque intentó fugarse, fue finalmente atrapado por los cuerpos de seguridad y sentenciado a regresar a la prisión.

Este es un primer paso. Ahora, lo fundamental será que la formación que capacite a estos profesionales esté basada en evidencias científicas y no en opiniones.  La sociedad cuenta en este momento con diversos estudios científicos que avalan las vías de mayor éxito para abordar tanto la prevención como el tratamiento de la violencia de género. Será responsabilidad de las personas encargadas de la formación garantizar que la formación sea de excelencia.

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