El Gobierno aprobó este viernes, en la reunión de Consejo de Ministros, un acuerdo para eliminar el veto al empleo público a pacientes con VIH, diabetes, psoriasis o celiaquía, por considerarlo trato discriminatorio. Una medida que, según se trasladó en la posterior rueda de prensa, se apoyó en la evidencia científica de que todos los requisitos científicos médicos avalan que, por el simple diagnóstico de estas enfermedades, no se puede discriminar a quien quiere acceder a la función pública, como todavía pasaba en determinados ámbitos.
Según informa Europa Press, la medida ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y afectará a cerca de siete millones de personas que padecen alguna de estas cuatro patologías y que hasta el día de hoy sufrían la exclusión en determinados trabajos de la Administración civil y militar, las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el empleo laboral.
Era el caso de las personas celíacas que tenían vetado el acceso a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil. O el de las personas diabéticas, las más discriminadas, al ser rechazadas en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Civil y en la policía nacional, local y en los cuerpos autonómicos, además de en los cuerpos de bomberos, instituciones penitenciarias o aviación civil; tampoco podía desempeñar como controladores de navegación aérea o conductores del parque móvil del Estado. O el de las personas con VIH, quienes se encontraban excluidas de las policías locales (excepto en la Comunidad Valenciana), la policía nacional y las autonómicas; tampoco podían desempeñar en la Guardia Civil, el ejército o como personal funcionario de prisiones.
Esta medida se aplicará a todas las convocatorias (personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar) que se convoquen con posterioridad a la fecha de adopción de este acuerdo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la oferta de empleo público del año 2020, adaptándolas a la evidencia científica actual y valorando siempre la situación clínica de la persona aspirante y no sólo su diagnóstico.
De esta forma, el Gobierno recupera derechos con el aval de la ciencia, consiguiendo mejorar la sociedad al avanzar en el cumplimiento del artículo 14 de la Constitución, que alude a la igualdad y no discriminación. Se trata de una medida que se ajusta a los avances médicos producidos en estas últimas décadas y que ha querido ser aprobada un día antes de la celebración del Día Mundial contra el sida.
Sin duda son noticias alentadoras que empiezan a mostrar los frutos de la iniciativa ciudadana Ciencia en el Parlamento. Beneficios del diálogo entre la ciencia y la política que dejan de lado las ocurrencias o suposiciones en pro de un mundo mejor.
