La Convención de los Derechos del Niño (1989) declara a los gobiernos los principales órganos responsables de defender los derechos de los niños y las niñas. En el caso de la Educación, como la investigación hoy señala, las escuelas pueden ser las Instituciones que mejor podrían hacer de “brazos” y “ojos” de los gobiernos, tanto en términos de asegurar el cumplimiento de esos derechos como para identificar situaciones en que sean violados.

En cambio, los análisis que nos aporta la investigación, y que las familias a menudo padecen, es que la falta de acceso a las evidencias científicas sobre la educación en la prevención de la violencia desprotege a la infancia y normaliza la violencia en los contextos educativos. No facilitar este acceso a los profesionales que trabajan con la infancia está provocando que, por ejemplo, a pesar de que el profesorado es el profesional que más tiempo pasa con las niñas y los niños, identifique y denuncie menos que otros agentes la violencia y sienta confusión sobre los procedimientos a emplear.

Esto lo vemos reflejado en nuestro día a día, porque en muchos de los casos graves de bullying y ciberbullying entre menores, cuando saltan a los medios o se dan a conocer en las comunidades educativas, el profesorado cercano a las víctimas confiesa verse sorprendido por los hechos y no haber sido capaz de detectar indicios de esta situación de violencia que está sufriendo el alumnado. En ocasiones, incluso al darse cuenta, emplea cierto grado de improvisación o, ante las dudas, se inhibe de intervenir o no lo considera lo suficientemente grave. En todas estas circunstancias se contribuye a normalizar actitudes de abuso ante la infancia.

La Comunidad Científica Internacional insiste al respecto en la importancia de una formación del profesorado en protección de la infancia, que incluya actuaciones contrastadas y que han demostrado su eficacia antes de implantarse en las escuelas, tanto para su detección como para su intervención en el abuso y maltrato infantil.

No se trata de aplicar aquello que ha sido propuesto por un docente universitario, porque esté propuesto “desde la universidad”, se trata de aplicar aquello que haya demostrado su utilidad en la prevención y superación de la violencia antes de incluirlo en las escuelas y centros de atención al menor.

Cada vez es más el profesorado que se organiza y lidera el acceso a estas evidencias científicas a través de tertulias pedagógicas dialógicas y talleres de debate y discusión para reflexionar sobre cómo transferir estas evidencias científicas al día a día del aula, logrando que los contextos educativos se conviertan en entornos seguros, que ante todo impidan la culpabilización y aislamiento de las víctimas.

Este profesorado relata cómo la lectura y debate de las evidencias en materia de convivencia les posibilita identificar y superar la violencia, cada vez de forma más temprana, incluso antes de que esta se produzca:

Reconocer esta realidad fue un paso importante en nuestro contexto, para la que necesitamos la formación, lecturas y acompañamiento de expertos en la materia. La socialización que vertebra nuestras vidas afecta la forma en que observamos la realidad de las chicas y los chicos. Reconocer esto fue el primer paso para poder ‘ponernos las gafas’ que posibilitan que nuestro alumnado aspire a relaciones igualitarias al tiempo que apasionantes

Estamos en un momento muy importante en el que podemos aplicar medidas políticas, educativas y sociales que aseguren el derecho a la infancia de vivir libres de todo tipo de violencia, al menos, seguro, en los contextos educativos.

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