El pasado 25 de septiembre dos niñas, Martina, de tres años y Nerea, de seis, fueron asesinadas a cuchilladas por su padre. Este año 2018, otras dos hermanas, de tres y cinco años fueron asfixiadas, Joseph, de dos años murió a causa de las quemaduras, Marina y Alejandro, de 13 años, ahogados en la bañera. Siete menores víctimas de la violencia de género en lo que va de año.

Niños y niñas a quienes les han arrebatado la vida con el único fin de hacer daño a sus madres, algunas de ellas asesinadas también. Veintisiete vidas arrebatadas desde 2013 hasta ahora, según datos del Ministerio de Igualdad. Además, más de 800.000 hijos e hijas conviven en sus hogares con la violencia contra sus madres, y en más de la mitad de los casos contra ellos y ellas mismas de manera directa, datos que recoge el diario El País.

Son ya décadas de lucha en las que víctimas y gran parte de la sociedad reclaman una mayor atención sobre el tema y medidas para poder atajar el sufrimiento de cientos de miles de mujeres y niños y niñas que soportan cada día el miedo a ser vejadas, insultadas, golpeadas y hasta asesinadas por machismo.

En 2011, el Congreso de los Diputados aprobó reconocer a las madres de los niños y niñas asesinadas por sus parejas o exparejas como víctimas de la violencia de género. En 2015, se publica la Ley Orgánica 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que reforma la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, y donde por primera vez se reconoce a los y las menores como víctimas directas de la violencia de género.

Este reconocimiento trae una serie de consecuencias prácticas, en la consideración de los niños y niñas en la aplicación de medidas cautelares y aseguramiento contempladas por la ley. Así, se puede suspender la patria potestad, guarda y custodia de los menores al inculpado por violencia de género, además del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación. Esta Ley precisa la adopción de medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los y las menores y de la mujer.

Medidas que han resultado insuficientes para salvar la vida a las más de cuarenta mujeres y a Marina y Alejandro, Joseph, Elena y Natalia (nombres ficticios), Martina y Nerea, asesinadas este año, que aún no ha acabado.

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