Cerca de tres mil personas de poblaciones indígenas en el sur de México tienen que desplazarse a Nahá, una comunidad de la sierra de Chiapas, para recibir atención médica. Entre ellas está Alejandra, una mujer embarazada que sufre una cardiopatía que le podría complicar el parto.
La comunidad de Nahá cuenta con una Unidad Médica Rural que depende del Instituto Mexicano del Seguro Social y que atiende también a otras poblaciones de los alrededores. En ella trabajan un médico, un enfermero y un auxiliar de enfermería. La Unidad Médica Rural debe hacer frente a varias dificultades: la escasez de medicamentos y de equipo médico, la falta de personal especializado y una ambulancia que no puede dar servicio debido a los reducidos recursos económicos.
Las comunidades indígenas de la zona cuentan con pocos recursos hospitalarios, especialmente para atender a las mujeres embarazadas. En este contexto, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ofreció asesoría legal a Alejandra. Junto con ella, otras cuatro mujeres embarazadas presentaron demandas de amparo con el objetivo de que la justicia dictara una orden que garantizara asistencia médica, al menos en el momento del parto.
El juez falló a favor de Alejandra y las otras cuatro mujeres. Las medidas judiciales obligan a prestar atención integral a las embarazadas, así como a contratar a un médico especialista en ginecología y obstetricia en Nahá y a adquirir una ambulancia equipada y funcional. Estas medidas no sólo beneficiarán a las personas que viven en esta comunidad, sino también a todas las que viven en los alrededores.
Este tipo de sentencias judiciales, según recoge Efe, persigue generar cambios en las políticas públicas para que consideren la situación de las personas en situaciones más vulnerables, como las mujeres indígenas.
