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Juana Rivas ha sido sentenciada a cinco años de prisión por huir con sus dos hijos del maltrato de su entonces pareja, además de pagarle las costas de él. Algunos medios de la prensa internacional como The Guardian están sorprendidos con esta sentencia que, sin duda, vulnera los derechos de Juana como mujer maltratada y los de sus hijos, porque les privan de la relación con su madre y, en cambio, protegen al padre que ya tenía un historial de maltrato previo. De nuevo un hecho más en que los derechos de los maltratadores están por encima de las víctimas y de sus hijos. 

Lo que ha cambiado en los últimos años es la reacción desde diferentes ámbitos sociales. Tras la sentencia, grupos de personas muy diversas han reaccionado mostrando su rechazo a una condena injusta. Años atrás, cuando también se daban estos mismos casos, existía un silencio mayoritario ante estos hechos, ahora, en cambio, se ha roto el silencio y la sociedad está demandando que el sistema judicial se actualice con los cambios sociales y, sobre todo, acelere su protección hacia las víctimas de violencia de género.

Un ejemplo de ello es que la Asociación de Mujeres Juezas el mismo día de la sentencia publicó su análisis sobre esta sentencia, subrayando que “partiendo del absoluto respeto a las decisiones judiciales, la gravedad y trascendencia de las penas impuestas resulta evidente, pues con ellas no se condena solo a la acusada, sino a dos hijos a perder el vínculo con su madre, a pesar de todos los informes de especialistas, incluido aquel en el que se apoya la sentencia, confirman una relación positiva y vinculante entre los menores y su progenitora”. En su profundo análisis abogan por la necesidad imperante de que el sistema judicial se actualice teniendo en cuenta las recomendaciones de la ONU así como los propios pronunciamientos judiciales emitidos por el Tribunal Supremo en la línea de proteger a las víctimas de violencia de género y a sus hijos.

Según la Asociación de Mujeres Juezas, no se puede seguir persistiendo en los mismos errores e ignorar los mandatos legales como se ha hecho en esta sentencia, y hay que cambiar la herencia de una justicia patriarcal que la sociedad ya no tolera y la comunidad internacional condena.

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