La lucha de Ángela González ha culminado esta semana, después de quince años de esfuerzos y trabajo. El Tribunal Supremo ha condenado al Estado español a indemnizar a Ángela González con 600.000 euros por no haber protegido la seguridad de su hija, asesinada en manos de su padre maltratador, en 2003. La pareja estaba separada por motivos de violencia de género y en todas las visitas a la hija debía mediar supervisión. Como no lo hubo, el maltratador acabó asesinando a su propia hija. A pesar que Ángela insistía en el riesgo que suponía dejarla sola con su padre, no le hicieron caso, y lo que advertía pasó, según informa Europapress.

Ángela González llevaba luchando 15 años para que se reconociera que en el asesinato de su hija fue debido también a una negligencia de la justicia, por haberla dejado desprotegida en manos de su padre maltratador. Ángela tuvo que acudir incluso a la ONU. Gracias a su mediación, el Tribunal Supremo de la justicia española no ha tenido más remedio que acatar las directrices de la ONU en este caso a favor de la madre. La negligencia era obvia, y la sentencia reconoce el error cometido que costó la vida de su hija se hizo pública esta semana.

Ángela González en declaraciones anteriores ha reclamado la necesidad de proteger a las hijas e hijos de padres maltratadores. Actualmente no hay protección efectiva y en los datos oficiales hay contados un mínimo de 23 menores asesinados en manos de sus padres maltratadores, desde el año 2013.

Se insiste también desde diferentes organizaciones civiles en la necesidad de proteger a las hijas e hijos. No es seguro para ellas y ellos dejarlos en manos de padres maltratadores. En demasiadas ocasiones, se ha justificado con palabras como “es que es su padre”, defendiendo el derecho del maltratador por encima del derecho de la o el menor a ser protegido. Como recogía Ángela en sus declaraciones, ¿cuántas hijas e hijos más deberán ser asesinados para que realmente el sistema de protección cambie? Si el sistema se orienta a hacer prevalecer los derechos de las y los menores, en lugar de los maltratadores, se podrá avanzar en el sistema judicial español con mayor seguridad y libertad.

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