Las nuevas políticas del Ministeri d’Afers Socials – Ministerio de Asuntos Sociales- emprendidas por el Govern d’Andorra se posicionan claramente a favor de las víctimas. Más allá de sancionar a aquellas personas que cometan actos discriminatorios, también será sancionada toda persona, empresa o administración pública que los presencie y no los denuncie, o bien que no adopte las medidas y estrategias necesarias para evitarlo.
El nuevo proyecto de ley protege especialmente a las personas que intervengan en los procesos judiciales, como los y las testigos del acto discriminatorio. Así pues, el ataque o acoso a las personas que apoyan a las víctimas será igualmente sancionado. Este tipo de acoso llamado Acoso Sexual de Segundo Orden (Second Order Sexual Harassment, SOSH por sus siglas en inglés) se define como la violencia física y/o psicológica contra las personas que dan apoyo a las víctimas de acoso sexual. Es frecuente que personas que actúan con ética y coherencia sean igualmente atacadas y vilipendiadas. Este nuevo punto supone, sin duda, un avance para el tratamiento de estos casos.
Además, dos de los puntos más destacados del nuevo proyecto de ley son la posible recuperación de la diferencia de sueldos debido a la brecha salarial, y también la necesidad de demostrar su inocencia aquellos que sean acusados del acto discriminatorio, no teniendo que probar los hechos la víctima.
Este tipo de políticas favorecen la erradicación del acoso sexual de segundo orden y sitúan a los y las testigos en una obligatoria posición, bien a favor o en contra de las víctimas, teniendo repercusiones en ambas opciones: actuar coherente y éticamente o bien ser sancionados económicamente por no actuar claramente en contra de la discriminación. El proyecto de ley, actualmente bajo la supervisión de las asociaciones andorranas que defienden estas causas, supone un importante avance para el país, basando las nuevas políticas en evidencias científicas.
