Amnistía Internacional (AI) ha publicado recientemente su Informe Anual 2017/2018 que documenta la situación de los derechos humanos en 159 países y territorios durante 2017. En un periodo en el que los conflictos, las medidas de austeridad y las catástrofes naturales han sumido a muchas personas en una mayor pobreza e inseguridad, el informe de este año también pone el foco en los derechos de las niñas y las mujeres.
Las niñas embarazadas seguían estando excluidas de la escuela en países como Sierra Leona, Guinea Ecuatorial y Tanzania. En octubre, el Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay emitió una resolución que prohibía incluir en el material educativo información básica sobre educación para la salud sexual y reproductiva. En Arabia Saudí y en otros países de la región de Oriente Medio y Norte de África, las mujeres carecían de protección adecuada contra el matrimonio temprano y forzado.
En Noruega y Suecia, la violencia de género, incluida la violencia sexual, seguía siendo un problema grave que no recibía una respuesta adecuada del Estado y, en el caso de España, los derechos de las mujeres volvieron a ser en 2017 otro de los puntos oscuros: 48 mujeres y 8 menores de edad fueron asesinadas por sus parejas y exparejas, según las cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Frente a todo ello, se ha producido una «reacción social», ha valorado Arancha Vicario, presidenta de AI en España, durante la presentación del informe en Madrid. La multitudinaria Marcha de las Mujeres, centrada en Estados Unidos pero con numerosas ramificaciones en todo el mundo, se convirtió en una de las mayores protestas de la historia. El fenómeno global #Me too dio enorme repercusión a la atroz magnitud de la violencia sexual. Durante el año pudo verse cómo las organizaciones feministas y de mujeres movilizaban a miles de personas, por ejemplo en el movimiento social de masas “Ni Una Menos” que denunciaba los feminicidios y la violencia contra mujeres y niñas en varios países de la región de las Américas, en las marchas de mujeres celebradas en enero en toda Europa, y en las protestas del “Lunes Negro” de Polonia.
La UE y Moldavia firmaron el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), y se elevó a 28 el número de ratificaciones de Estados. En septiembre, el Parlamento español aprobó un plan para combatir la violencia de género que incluía la reforma de la legislación y otras medidas dirigidas a cumplir las obligaciones proclamadas en el Convenio de Estambul. Se vislumbran avances conseguidos con mucho esfuerzo que demuestran que la defensa de los derechos humanos produce cambios positivos.
