Esta semana se ha hecho público en Johannesburgo (Sudáfrica) un informe realizado por personas expertas que han trabajado en los elementos clave de una nueva agenda de salud global. Un trabajo que señala la necesidad, por parte de los países de todo el mundo, de adoptar una definición más amplia de salud y derechos, tanto sexuales como  reproductivos, que vayan más allá de la prevención de enfermedades y la anticoncepción, englobando una educación sexual, servicios de fertilidad y asesoramiento sobre la violencia de género.

Se trata de un trabajo realizado durante dos años por una comisión formada por 16 personas expertas de África, Asia, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América Latina, de la revista Lancet, y dirigido por el Instituto Guttmacher (New York, EE.UU.), que  concluye con la elaboración de un paquete básico de intervenciones dirigidas a abordar áreas hasta el momento desatendidas, como son los servicios de fertilidad, prevención, detección y asesoramiento sobre violencia de género, tratamiento y prevención de cáncer cervicouterino, atención segura durante el aborto, tratamiento y prevención de enfermedades de transmisión sexual distintas del VIH y educación sexual integral.

Como publica SINC, a día de hoy estos derechos no están siendo asegurados cuando cada año en el mundo se dan 25 millones de abortos inseguros; entre 49 y 180 millones de parejas se ven afectadas por la infertilidad; casi dos millones de personas se infectan con el VIH y aproximadamente 266.000 mujeres mueren de cáncer de cuello uterino. Además, aproximadamente una de cada tres mujeres en todo el mundo experimentará violencia de género en algún momento de su vida.

La comisión Guttmacher-Lancet demuestra que poner en marcha este paquete de medidas, además de ser vital, es asequible, al suponer una inversión mundial mínima de 54.000 millones de dólares, equivalente a solo 9 dólares por persona al año. Una inversión considerada modesta y posible para la mayoría de los países de bajos y medianos ingresos.

También señala que el acceso a todos estos servicios salva vidas, mejora la salud y el bienestar, promueve la igualdad de género, aumenta la productividad y el ingreso familiar, tiene beneficios multigeneracionales al mejorar la salud y el bienestar de los niños y, además, tiene una buena relación calidad-precio. Ahora se plantea a los gobiernos el compromiso y responsabilidad de derrumbar las barreras que impiden llegar a una salud y derechos sexuales y reproductivos universales.

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