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Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, compareció en la sesión del congreso de diputados dedicada a la “Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia” para denunciar el trato que se está realizando a menores extranjeros no acompañados. 

Una de las principales denuncias se basa en las pruebas intrusivas que se utilizan en algunas instancias para determinar la edad del o la menor, incluyendo desnudos integrales cuando no son necesarios y atentan contra su dignidad. Si las y los menores vienen con documentación acreditada ¿por qué se utilizan estos métodos? Reyzábal señala la incoherencia intrínseca de utilizarlos por parte del sistema que debe, en principio, proteger a la infancia. 

Se debería primar los derechos de los menores, el derecho a su vida y protección, por encima de otras leyes, según Reyzábal. En algunas ocasiones se les interna en centros para adultos, viven en parques abandonados, o sufren maltratos en los centros. En otras, se les pierde la pista y acaban en redes de trata. 

Según su comparecencia, Fundación Raíces desde su inicio ha asistido a más de 700 niñas y niños en situación de desamparo y conoce muy bien la realidad a la cual se enfrentan. En su declaración ha destacado el caso de una niña de 16 años que emigró a nuestro país por escapar de un matrimonio forzado y era solicitante de asilo. Para determinar si era menor o no la fiscalía la sometió a una prueba para contrastar su edad, a pesar de tener la documentación que la acreditaba. La prueba consistía en realizar un desnudo integral y explorar los genitales.  Reyzábal denuncia este método por atentar contra la dignidad de las y los menores, y que está siendo amparado por la fiscalía, afirmando “No puede ser que se someta a los desnudos integrales a las niñas y niños cada día en todas las comunidades”. Además, denuncia que al ser competencia de la fiscalía, las y los menores no tienen derecho a tener una asistencia legal que pueda acompañarlos en el proceso y asistir a sus derechos, y acaba siendo decisión del fiscal determinar finalmente si es menor o no. Se dan situaciones muy graves, como en este caso, donde el fiscal decidió que la persona era adulta cuando no lo era y la deja, por lo tanto, en una situación de desprotección sin poder recibir asistencia sanitaria, ni escolarización, ni otros derechos, pero tampoco con la posibilidad de trabajar como adulta, puesto que el documento que acredita su edad es el pasaporte y en éste indica que es menor.  “Se les deja en un limbo jurídico donde no pueden ejercer sus derechos”, afirma la presidenta de la Fundación Raíces.

Además de esta denuncia, ha destacado que también existen otras denuncias de menores en algunos centros de protección. Dicen que allí son sometidos a maltrato psicológico y físico por parte de algunos educadores y psicólogos, no existen protocolos o mecanismos de denuncia efectivos, y están desamparados. Cuando se denuncia, una de las reacciones usuales es decir “que los niños mienten”. Reyzábal señala que debe acabarse con esta desprotección y garantizar mecanismos y entornos seguros para todos y todas las menores. Por tanto, el reclamo al congreso ha sido precisamente acelerar la ley de protección a la infancia frente la violencia y aplicar las recomendaciones ya ofrecidas por parte de Defensor del Pueblo, de la ONU y de otras organizaciones en materia de protección de la infancia. 

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