La noche del 29 de diciembre de 2009, los primos José Ángel, Nitzia Paola y Rocío Irene Alvarado, fueron detenidos, arbitrariamente y sin explicaciones, por una diligencia del ejército mexicano, en el marco del “Operativo Conjunto Chiuaua”.
Después de que el ex-presidente Felipe Calderón decretase la intervención militar como estrategia de combate al narcotráfico, “han sido más de 34.000 familias las que han sufrido la pérdida de algún ser querido en México y que no han obtenido respuesta” tal y como declara Paola Saez, para BBC Mundo, su representante, y portavoz del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Aquella noche los “Alvarado”, comenzaron una dolorosa Odisea que ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que una comisión del mismo organismo concluyera que se trató, efectivamente, de una desaparición forzada.
Tanto el consultor jurídico de la Secretaría de Asuntos Exteriores y representante del gobierno actual ante la CIDH, Alejandro Aldai, como Alberto Abad Suarez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reconocen a BBC Mundo que “las desapariciones forzadas y las violaciones de los derechos humanos” son el problema más grave que vive su país en la actualidad y que “no puede ignorar”. De hecho, en el mismo proceso, se presenta otro caso contra el Estado de México, el de 11 mujeres que denunciaron haber sufrido tortura sexual durante otro operativo en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.
En México mucha gente vive con terror, entre el crimen organizado del cartel de la droga y los militares, cuya impunidad se retroalimenta del silencio por el miedo de las personas a denunciar y vivir las peores represalias. M. Jesús Alvarado, hermana de Nitzia, cuenta cómo, cuando denunciaron al ejército, comenzaron a ser amenazadas hasta tal punto que 37 componentes de las tres familias se vieron obligados a dejar sus casas y mudarse a otra ciudad.
En la CIDH se abordó, por una parte, si la desaparición de los Alvarado fue a manos del crimen organizado o del ejército y, por otra, si el proceso de investigación que llevó a cabo el gobierno mexicano, fue el adecuado. En caso de que se demuestre que el Estado ha sido negligente, sentará jurisprudencia y puede obligar a revisar la normativa y los protocolos de actuación al Gobierno mexicano, incluso replantearse la Ley de Seguridad Interior, que incluye a las Fuerzas Armadas en las actuaciones de lucha contra el crimen.
Por tanto, en la medida en que la sentencia reconozca, que más de 34.000 familias no estaban equivocadas y fue el ejército, podrá dignificar su lucha y contribuir al establecimiento de soluciones coherentes y consecuentes a esta problemática.
