El precio de medicamentos en las farmacias difiere en función de la patente que los protege. En España, según el artículo 58 de la Ley 24/2015 de Patentes, en vigor desde el 1 de abril del 2017, “la patente tiene una duración de veinte años improrrogables”,  momento en que pasa a disposición del público.

Por este motivo, medicamentos tan conocidos como la aspirina, cuya patente ha superado el límite establecido por la ley, han pasado a ser de dominio público y su precio es muy reducido. Por el otro lado, los fármacos nuevos, que aún tienen su patente vigente, tienen precios bastante elevados y, en algunos casos, fuera del alcance de las rentas medias. Según The Guardian, medicamentos como el Kadcyla para combatir el cáncer de mama suben a 90.000 libras por paciente.

Pero la variación en el precio no se da únicamente entre medicamentos diferentes. El precio de un mismo medicamento oscila según el país en que se compra. Según el análisis comparativo del precio de Paxil, un antidepresivo cuya patente acaba de caducar, este fármaco se puede adquirir por unos 7$ en los EE. UU, mientras que los pacientes lo pueden comprar por menos de 1$ en el Reino Unido o Turquía, tal y como informa The Guardian en base a datos del 2017 de drugwatch.com.

Los precios elevados de los medicamentos implican un gran problema, tanto para países en vías de desarrollo como para los desarrollados. Los fabricantes del Sovaldi, un medicamento que cura la hepatitis C, sacaron al mercado cada pastilla por 1000$, coste inasumible que llevó finalmente a descuentos en su adquisición.

En otros casos, los medicamentos de dominio público han sido objeto de nuevo negocio para empresarios como Martin Shkreli, que compró los derechos de un medicamento (hecho que le permitía el derecho sobre su precio) y aumentó su valor de 13$ a 750$, convirtiéndose en el hombre más odiado de América.

Pero, ¿qué hace que el precio de las pastillas sea tan elevado? Las farmacéuticas indican que el precio incluye desde las materias primas, la fabricación, el coste de la investigación, los tests de eficacia, hasta las múltiples pruebas que un medicamento debe pasar para que llegue a las farmacias, que necesitan diez años para su realización. El poder que tienen las farmacéuticas para imponer su precio fue objeto de debate en  La declaración de Doha que se celebró en Qatar en 2001, donde se habló sobre “aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”, para promover el acceso a los medicamentos. Según la declaración, cada país puede anular los derechos de una patente si es en interés de la salud pública.

Los elevados costes de los medicamentos y las patentes tienen graves consecuencias para las personas más desfavorecidas social y económicamente, afectando especialmente a las mujeres, quienes en muchas ocasiones no pueden asumir los costes de los medicamentos que necesitan para ellas o para sus hijas e hijos. Aun así, hay grupos y campañas internacionales, como la de Médicos Sin Fronteras que están luchando desde 1999 para convertir los medicamentos en bienes accesibles para todo el mundo. Han llegado a tratar el tema en las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, junto con farmacéuticas, sociedad civil e investigadores/as, con el objetivo de desvincular los costes de I + D del precio final del medicamento. Aunque las iniciativas que piden garantizar una sanidad universal con acceso a los medicamentos son aún embrionarias, la lucha por la igualdad de todas las personas, indistintamente del género o el país sigue generando mejoras en las vidas de las personas.

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