El pasado 22 de marzo la Policía Nacional detuvo en Alicante a diez hombres acusados de violar repetidamente a tres adolescentes fugadas de un centro de menores. Según fuentes policiales, una de las chicas, de tan solo 14 años de edad, permaneció encerrada durante 24 horas en un piso donde los miembros de la banda la agredieron y abusaron sexualmente de ella en repetidas ocasiones. Una de las menores, de 17 años, permanece aún desaparecida. Los agresores habrían engañado a las víctimas ofreciéndoles droga, alcohol y dinero. Este caso nos horroriza, pero también nos hace recordar que lo sucedido no es un hecho aislado, al contrario. Y que es además una vía frecuente de captación de menores para la trata con fines de explotación sexual.
El otoño pasado en Palma de Mallorca, la Policía Nacional detenía a varias personas, adultos y menores, por delitos de proxenetismo, explotación sexual de menores y tráfico de drogas. Al parecer, algunas de las niñas, tuteladas y residentes en centros de menores habrían sido captadas por otros compañeros de los centros, quienes, aprovechando momentos en los que las menores se fugaban del centro, las llevaban a pisos donde las incitaban al consumo de alcohol y sustancias estupefacientes y las forzaban a la explotación sexual. Al menos nueve niñas fueron identificadas como víctimas. En Valencia, hace menos de un año, la fiscalía investigaba varios casos de presunta explotación sexual producidos en el centro de menores de Monteolivete, de gestión pública. En 2016 se revelaba una trama de corrupción, pornografía infantil y explotación sexual de una decena de adolescentes de entre 14 y 17 años tutelados por la Diputación Foral de Álava. Entre los detenidos, el juez ordenó el ingreso en prisión de un psicólogo, supuesto “experto” en maltrato familiar e intervención con hombres violentos, que estaba presuntamente implicado. Por el contrario, gracias a la denuncia de otro profesional del centro, el caso salió a la luz tras descubrirlo en una tutoría con una de las menores.
Aunque algunos medios describan los casos como intercambio sexual por consumo de estupefacientes, o por supervivencia, conocemos por las investigaciones y la legislación internacional que los casos podrían responder a trata de menores con fines de explotación sexual. Igualmente, sabemos que los proxenetas y las redes de trata con fines de explotación sexual están siempre al acecho. Como depredadores, buscan a las víctimas potenciales. Generalmente, mujeres muy jóvenes, adolescentes, en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social. A nivel europeo, las y los menores de entre edades de 0 a 17 años representan el 14% de víctimas registradas en los Estados miembros (Eurostat, 2015). Los y las menores no acompañados, reúnen algunas de estas condiciones de vulnerabilidad. En España, Save the Children publicó uno de los primeros informes, Infancias Invisibles, sobre los menores extranjeros no acompañados víctimas de trata y refugiados en España. El informe arroja luz sobre un colectivo extremadamente vulnerable y desprotegido, revelando que son niñas víctimas de trata a las que “ni encontramos, ni identificamos, ni protegemos”. Numerosas investigaciones en EE. UU. han evidenciado que los y las adolescentes y jóvenes que han huido de sus casas o están acogidos en centros de menores constituyen un grupo muy vulnerable ante la trata con fines de explotación sexual.
Es importante que detectemos y reconozcamos los casos anteriores como explotación sexual. No son intercambios sexuales por supervivencia. Ni son adolescentes drogodependientes. Tampoco son adolescentes criminales, ni marginados. Evitemos revictimizar y estigmatizar. Por el contrario, son, en muchos casos, adolescentes con trayectorias de vida marcadas por la falta de interacciones sociales transformadoras, por la falta de oportunidades sociales y educativas de éxito; por una sociedad que en demasiadas ocasiones mira para otro lado, y en un contexto social en el que se impone un discurso hegemónico dominante que no provoca aún el rechazo social suficiente como para que estos proxenetas sean percibidos como lo que son, depredadores y explotadores sexuales.
Más allá de cualquier perfil o etiqueta, ante todo, son niñas y niños. Víctimas de engaño, abuso, coacción y violencia. Detrás de estos casos de presunta explotación sexual, hay culpables: los proxenetas y agresores. Pero también hay responsables, la administración pública que los tutela, custodia y tiene la obligación de proteger y promover su inclusión social procurando la mejor educación para las niñas y niños bajo su tutela. Afortunadamente son muchísimas las y los profesionales de la intervención social y educativa dedicados y comprometidos a potenciar trayectorias vitales de éxito, alejadas de la violencia y, por tanto, de la explotación sexual. Su acción de prevención, detección y denuncia es, junto con el compromiso activo y solidario de la sociedad, la esperanza posible de que casos como los anteriores no vuelvan a producirse.
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