Recientemente, la PAH, el Sindicato de Inquilinos, la Federación de Entidades Vecinales, y la Asamblea de Barrios por un Turismo sostenible, entre otros, están reclamando al Ayuntamiento de Barcelona que aumente la disponibilidad de viviendas públicas en alquiler. De nuevo, en los últimos meses se ha registrado una subida de precios en los alquileres y no se ha aumentado la disponibilidad de viviendas de alquiler asequibles para aquellas personas y/o familias con recursos escasos o justos. Por este motivo han decidido presentar una moción al ayuntamiento para conseguir acelerar el proceso de hacer efectivas las fórmulas de alquiler social que se habían prometido.
En este sentido, según las fuentes consultadas, en Barcelona hay 30.000 solicitantes que todavía no han accedido a un piso social, ha habido 12.000 desahucios en tres años, unas dos mil personas están viviendo en albergues y hay un registro de unas mil personas sin techo. Las entidades denuncian que no se ha aplicado en su totalidad la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007, y que, si ello se hubiera hecho, la situación sería diferente en este momento, habría como mínimo 5.000 pisos sociales según la portavoz de la PAH.
Por otro lado, la misma PAH denunciaba recientemente que en España se está haciendo caso omiso de las recomendaciones estipuladas por la ONU en materia de vivienda. En julio del año pasado el Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas condenó a España por vulnerar el derecho a la vivienda al no garantizar una vivienda alternativa a una familia que, con dos hijos, había sido desahuciada, y obligó a presentar una serie de medidas para implementar las recomendaciones del dictamen. La única respuesta fue decir que en España sí existen leyes que protegen. El problema no es la ley, sino si realmente esta ley se está aplicando de una forma efectiva y, como se ve, se sigue estando lejos de alcanzar los resultados deseados.
