El escándalo llega de pleno a la organización humanitaria Oxfam tras una filtración al periódico británico The Times. Este mismo viernes, el periódico desveló datos de un informe confidencial de la ONG sobre una investigación interna, tras la acusación a altos cargos de organizar “fiestas con prostitutas” en medio de la acción humanitaria desplegada en Haití tras el terremoto que causó grandes daños en 2010.
Según el reportaje publicado en The Times, Oxfam abrió una investigación en 2011 a varios de sus trabajadores, que en su momento ocupaban cargos directivos, al ser acusados de haber pagado a jóvenes haitianas para participar en las fiestas sexuales que organizaban en la villa que la ONG había alquilado durante su estancia. Una acusación que no sólo quebranta el código de conducta de la misma organización, sino que también implicaba una actividad ilegal, ya que en Haití la prostitución no está permitida. El informe desvela que uno de los acusados era el mismo director de Oxfam en Haití, Roland van Hauwermeiren, a quien se le ofreció una “salida gradual y digna” a cambio de que colaborara en la investigación interna.
Tras la publicación de la noticia, la ONG ha emitido un comunicado en el que reconoce la conducta totalmente inaceptable de algunos de sus miembros, que en su momento dimitieron o fueron despedidos. También, que se estableció un equipo específico dedicado a prevenir casos similares, así como canales de denuncia confidenciales. Pero niega que encubriera el escándalo, pese a que la noticia no había trascendido a la luz pública hasta ahora. También se sabe, tras el informe publicado, que la organización no denunció los incidentes a las autoridades haitianas. El gobierno británico ya ha respondido exigiendo a Oxfam, que recibe 340 millones de euros al año entre fondos del gobierno y donaciones públicas, que le entregue el informe y la información sobre los cooperantes acusados.
¿Qué puede dar más confianza en cuanto a la certeza de que una organización va a saber rectificar tras un caso de vulneración grave de su código ético y de delito y va a reparar el daño ocasionado? ¿Que el organismo lo reconozca públicamente, anunciando medidas tanto internas como externas y posicionándose ante el abuso sexual o que quiera llevarlo al plano interno con escasa transparencia sobre sus repercusiones?
Este caso nos mueve a la reflexión sobre la importancia de exigir posicionamientos claros, rotundos y públicos, si se quiere contribuir a la erradicación de los abusos sexuales. Y más con el agravante de que sucedan en situaciones de vulnerabilidad, como son las crisis humanitarias. Y más aún, si son llevados a cabo por parte de quien acude con la misión de cooperar a un país en el que, según un informe de la ONU en 2015, es una práctica regular el intercambio de ayuda humanitaria a cambio de sexo.
