Ayer saltó a los medios una noticia triste e inquietante. La Guardia Civil había liberado a dos menores víctimas de trata con fines de explotación sexual en un prostíbulo de Toledo. Las adolescentes eran estudiantes de Hostelería en un instituto de la Comunidad de Madrid. Los proxenetas habrían captado a las víctimas a la salida del Instituto a través de una oferta laboral fraudulenta. Hasta donde se conoce, habrían engañado a las víctimas ofreciéndoles trabajar como cocineras en un restaurante. Incluso les dijeron que podrían compaginar el trabajo con el curso escolar. La realidad final era muy distinta, coaccionadas a trabajar en un principio como camareras para luego ser explotadas sexualmente. Durante el tiempo que fueron explotadas, los proxenetas las trasladarían desde el Instituto y sus casas hasta el prostíbulo.
La mayoría de medios que han recogido la noticia, tanto en prensa como en televisión, se sorprendieron y lanzaron conjeturas muy alejadas de las causas y realidad de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Por ejemplo, se preguntaron por la nacionalidad de las menores, algo irrelevante. Otros se asombraron de que esto ocurriera en España y a chicas españolas, al no ser un país pobre. También se preguntaron por qué las menores no lo habían denunciado a la policía, sin pensar o presuponer que no sólo estaban coaccionadas, sino que la red de trata había amenazado con dañar a sus familiares y que incluso uno de los proxenetas se presentó ante las víctimas con una placa de policía falsa. Desgraciadamente, también hubo quien aprovechó la oportunidad para poner el foco morboso en el debate improductivo sobre la regulación de la prostitución. Asimismo, demostrando un gran desconocimiento del tema, prácticamente todos los medios recogieron en la noticia afirmaciones como “dos menores prostituidas” o “dos menores obligadas a prostituirse”, ignorando que es incorrecto hablar de “prostitución de menores o infantil”, pues tanto el Protocolo de Palermo (2000) como la Directiva 2011/36/UE, que regula la lucha contra la trata de seres humanos en Europa, establecen que cualquier persona menor de 18 años, por el hecho de ser menor, será siempre considerada víctima de trata de seres humanos.
Quienes estamos preocupadas por los millones de víctimas que cada año son reclutadas y explotadas con fines de explotación sexual en el mundo, sabemos que en Europa el 56% de las víctimas detectadas son jóvenes, entre 12 y 25 años, y que las menores son las más vulnerables, representando el 17% de los casos (Eurostat, 2015). Igualmente, nos indigna profundamente la grave vulneración de derechos humanos que han sufrido estas adolescentes y nos solidarizamos activamente con ellas, sus familias y su entorno, pero no nos sorprende que haya ocurrido. Por el contrario, sabemos que las redes de trata buscan a las víctimas potenciales que se encuentren en las circunstancias de vulnerabilidad más favorables para reclutarlas a través de la fuerza, el fraude o la coacción. Sabemos que las redes de trata buscan a las víctimas en los centros educativos, en los centros de protección de menores, en los centros comerciales, en los lugares de ocio y tiempo libre… Y también conocemos que existe un Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual que incluye medidas específicas de prevención en el ámbito educativo, por lo que cabría preguntarse si el IES donde las víctimas estudiaban Hostelería conocía el Plan Estatal de lucha contra la trata, si había incorporado alguna medida preventiva y si contaba con los medios y el apoyo suficiente para la detección e intervención efectivas.
Los estudios científicos de mayor impacto internacional coinciden en que para superar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es vital la implicación activa y solidaria de toda la comunidad. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad esencial a la hora de informar sobre la compleja problemática de la trata de seres humanos. Deben hacerlo con respeto, sin victimizar, sin caer en el morbo, ofreciendo datos e información de rigor, provocando rechazo contra los proxenetas y clientes prostituidores, y promoviendo solidaridad activa con las víctimas. Para ello, desde diferentes organismos como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona, en los últimos años se han creado manuales de estilo con orientaciones para que los medios de comunicación informen adecuadamente sobre la trata de seres humanos con fines de explotación.
