Con el nuevo año, en Islandia ha entrado en vigor una ley pionera en materia feminista que igualará los salarios entre hombres y mujeres para el 2022. La primavera del año pasado, el Alþingi, el parlamento islandés, aprobó una enmienda a la Ley sobre Igualdad de Condición e Igualdad de Derechos entre Mujeres y Hombres, 10/2008, con la que se sancionarán todas aquellas empresas públicas y privadas (con una plantilla de 25 o más personas) que no presenten los correspondientes “Certificados de Igualdad Salarial”. Las empresas más grandes deberán presentar el primer certificado a finales de este año 2018, y se irán escalonando las entregas en función del número de trabajadores y trabajadoras de cada empresa. Las últimas en hacerlo serán las empresas de entre 25 y 89 personas, que entregarán sus certificados a finales del 2021. Además, la ley también exige planes de igualdad en todas las empresas de más de 25 personas y cuotas de género de, al menos, un 60/40 para las empresas de 50 o más trabajadores y trabajadoras.
Esta enmienda ha sido aprobada y promulgada por un gobierno de coalición encabezado por la primera ministra de Movimiento de Izquierda Verde, Katrín Jacobsdottir (una de las pocas jefas de Estado o de Gobierno mujeres del mundo), que dirige Islandia con el Partido Independiente y el Partido Progresista. Según la Asociación de Derechos de las Mujeres islandesas, la ley de igualdad de su país es del 1976 y ya entonces recogía el derecho de todas las personas de recibir salarios iguales por el mismo trabajo y preveía erradicar la brecha salarial en tan solo seis años. Por desgracia, estos objetivos no se han cumplido todavía ya que los principales sindicatos islandeses cifran en un 14% la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Según The Global Gender Gap Report de 2017, elaborado por el WEF, Islandia es el país con la brecha de género más estrecha del mundo desde hace 9 años consecutivos (seguido por Noruega, Finlandia, Ruanda y Suecia). A pesar de esta posición pionera, el mismo informe señala cuáles deberían ser los próximos objetivos de Islandia para erradicar la desigualdad de género: por un lado, la participación y las oportunidades económicas y, por otro, el éxito educativo de las mujeres. Así pues, el Alþingi, con esta enmienda obligará a respetar la ley ya vigente y ha dado respuesta a las sucesivas reivindicaciones de las mujeres islandesas que reclamaban, desde hace años y en las calles, un sueldo igual al de sus compañeros.
España se encuentra en la posición 29 del ranquin del WEF, con una brecha salarial de género superior al 23%, según los sindicatos, y una ganancia media anual femenina que supone el 76,1% de la masculina, según los últimos datos del INE. Sin embargo, si buscamos leyes parecidas a las islandesas en España no las encontraremos: la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres reconoce la discriminación salarial, pero no prevé ninguna medida para estrechar la brecha ni mucho menos para erradicar esta desigualdad. Algunos sindicatos sí han pedido que se apliquen medidas similares a las islandesas; la UGT, por ejemplo, presentó el año pasado un informe en este sentido pero no parece haber tenido ningún impacto y los acuerdos son o poco ambiciosos o inexistentes. A juzgar por los recientes acuerdos entre el gobierno, la patronal y los sindicatos mayoritarios, el punto de mira está en el salario mínimo interprofesional ¡y con condiciones!, pero no hay nada de qué hablar sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres.
