Recientemente el diario The Guardian ha publicado que las mujeres migrantes del Reino Unido están en situación de vulnerabilidad dado que las leyes migratorias otorgan al cónyuge el control del estatus migratorio de los miembros de la familia.  Esto implica que si una mujer está en situación de violencia de género le es muy difícil denunciarlo por temor a la represalia de ser expulsada. La lejanía con la familia, la opresión económica y las amenazas son el pan de cada día para muchas migrantes.  

Alrededor de 1,2 millones de mujeres en Inglaterra experimentan violencia de género y dos mujeres mueren cada semana asesinadas por su pareja o expareja. La cifra crece cuando se considera también a las mujeres que sufren violencia en relaciones esporádicas o a todas aquellas mujeres que, víctimas del miedo y sometidas a leyes como la mencionada, no se atreven a romper el silencio dado que no existe un entorno seguro para denunciar y ser protegidas. Otro países como México padecen la misma situación, limitando los derechos de las mujeres y hombres migrantes al mantenimiento del estatus de cónyuge. De ese modo, si existe maltrato muchas mujeres se encuentran en una situación muy vulnerable para poder denunciar.

Sin embargo hay  países que no contemplan esta práctica machista, entre ellos España. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social no prescribe este tipo de obstáculos para la permanencia de las personas migrantes en el país. De esta manera se da la oportunidad de liberarse de situaciones de maltrato o violencia sin el riesgo de perder derechos de residencia. Confío en que otros países puedan tomar nota de esta buena acción política para prevenir y superar la violencia doméstica que sufren muchas mujeres migrantes.

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