El pasado 26 de julio el juzgado número 6 de Fuenlabrada  entregaba, a pesar de las pruebas y del relato de la propia menor, a una niña de 5 años a su padre, denunciado por   abusos sexuales hacia ella. La niña había sido previamente  diagnosticada con un supuesto síndrome de alienación parental (SAP) por parte de  los servicios psicosociales del juzgado en 2017, a raíz de una primera denuncia por abusos sexuales interpuesta por su madre. Esta sentencia, que  reconoce y valida este supuesto síndrome, se une a muchas otras que han proliferado en España desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004  de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Sin embargo, desde su aparición en Estados Unidos de la mano del Dr. Richard Gardner en los años 80, este supuesto síndrome ha sido fuertemente cuestionado y contestado, especialmente desde el suicidio  del adolescente Nathan Grieco en 1997 “diagnosticado” de SAP. Este hecho  desencadenaría que el supuesto síndrome  fuese visibilizado, fuese declarado como acientífico y prohibido en la mayoría de estados de ese país. Desde entonces la comunidad científica, organizaciones internacionales, organismos judiciales, de defensa de derechos humanos y el movimiento feminista han ido desmontando la inexistencia de este supuesto síndrome a la vez que advertían sobre las graves consecuencias de su aplicación.

Así, y tal y como subraya la American  Psychological  Association, el SAP no cuenta con investigaciones científicas que lo  avalen y sus escalas de validación no han sido contrastadas ni medidas empíricamente.  De hecho ningún estudio ha apoyado nunca las afirmaciones de Gardner. De igual forma, ninguno de los dos  grandes sistemas de clasificación de  los desórdenes médicos y psicológicos aceptados  por la comunidad científica (DSM IV y V y CIE-10) reconoce e incluye el SAP como síndrome. Su aplicación supone una invisibilización del maltrato y abuso sexual infantil y una negación de los avances  en materia de psicología evolutiva  con respecto a la capacidad de razonar de forma independiente por parte de los niños y las niñas ,  ya que los síntomas que se utilizan para diagnosticarlo obvian  que pueden responder a otras causas, como la existencia de incesto o malos tratos, o ser reacciones temporales propias del desarrollo evolutivo del niño o de la niña en el momento de la separación de sus padres. Igualmente, el SAP adolece de una clara discriminación de género. Gardner llega a sostener que en el 85-90% de los casos la  alineadora es la madre, basando sus teorías en afirmaciones sexistas sobre la “maldad” y la “histeria” de las mujeres.

En España, el  Consejo  General del  Poder Judicial   afirma en  que  “el  SAP es  una teoría abiertamente pedófila carente de base científica que está provocando situaciones de riesgo para los niños,  además de una involución en los derechos humanos de los y las más débiles“. A pesar de ello, el SAP sigue diagnosticándose por numerosos equipos psicosociales y aplicándose en numerosas sentencias en nuestro país, que no dudan en poner en práctica  la “terapia de la amenaza”, como en el caso de la sentencia del pasado 26 de julio del Juzgado de Fuenlabrada.

En este sentido resulta urgente que las evidencias científicas puedan ser incorporadas completamente a todos los ámbitos del sistema judicial y de protección de derechos para que los niños y niñas puedan ser escuchados y escuchadas y protegidos y protegidas frente a posibles situaciones de vulnerabilidad y violencia, permitiéndoles superarlas y transformarlas.

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