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Una de las voces que han sido más silenciadas, tanto por los profesionales como por el sistema judicial, ha sido precisamente la voz de las hijas e hijos de mujeres maltratadas.

Algunos profesionales se creen con el derecho de opinar qué es lo mejor para ellos sin tener en cuenta su voz ni las evidencias científicas, a expensas de sus creencias ocurrentes. Patricia Fernández  hace un par de años lanzó una primera campaña en change.org para reclamar al sistema político y judicial que reformule las leyes para proteger los derechos de los menores para frenar este tipo de actuaciones perjudiciales. 

Patricia, contaba en europapress, cómo a ella se le acabó su infancia el día en que le dieron la custodia a su padre, que era un maltratador, y tuvieron a su madre alejada durante 3 meses sin poder verlos, la madre había denunciado el maltrato, pero en cambio no la apoyaron. En la entrevista, Patricia fue muy clara. Los psicólogos le aplicaron una ocurrencia, el SAP, fuertemente rechazado por la comunidad científica, que ha hecho estragos en miles de vidas de niñas y niños en el mundo y que, desgraciadamente, sigue vigente en algunos tribunales de justicia.  Los psicólogos que estuvieron en contacto con ella y su hermano la acusaron (ella solo tenía 10 años) de estar manipulada por su madre y de inventarse el maltrato. Patricia no podría creerse tal barbaridad. Por culpa de estos profesionales, y del juez que dictó sentencia, el padre obtuvo la custodia durante un tiempo que fue un infierno, y luego la madre consiguió obtener de nuevo la tutela pero debía compartir un regimen de visitas. Patricia se sentía obligada a ir con su padre cuando no quería, incluso cuando el progenitor los amenazó con estrellarse con el coche con ella y su hermano dentro, en una de las visitas formalmente aprobadas.  En palabras de Patricia, “nosotros pedimos ayuda y lo que hicieron fue entregarnos al verdugo”.

No aplicar las evidencias científicas ni escuchar la voz de las y los menores, es ponerlos incluso en peligro de muerte,  en definitiva, es colaborar con la violencia. Cuando los derechos de un padre maltratador están por encima de los derechos de menores que no quieren estar con él por la violencia que genera, las personas que ejecutan decisiones judiciales que favorecen los derechos paternos, se ponen al lado de los maltratadores y perpetúan el ciclo de violencia.

Desde hace más de un año Patricia Fernández lidera la Asociación “Avanza sin Miedo”, una organización dedicada a promover los derechos de las hijas e hijos de madres víctimas de violencia de género. Su lucha no se ha quedado únicamente en su causa, su objetivo sigue siendo cambiar el sistema judicial y social hasta lograr que ningún menor sufra las mismas consecuencias. 

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