El proceso electoral de México se ha visto marcado por el crimen y la violencia. Recientemente fueron asesinadas tres mujeres con cargos políticos en menos de 24 horas. Juana Irais Maldonado, candidata a diputada, y la regidora Erika Cázares murieron a tiros en el Estado de Puebla la misma madrugada que la candidata Pamela Terán también fue privada de su vida en el municipio de Juchitán, del Estado de Oaxaca. Estas muertes se suman al cruento asesinato de Maribel Barajas, joven de tan solo 25 años de edad, candidata a diputada del Distrito 22 de Múgica, en Michoacán, quien fue encontrada sin vida, con heridas y golpes en una de las zonas rurales del Estado.   

Según el informe de la consultora Etellekt, publicado el 11 de abril, México vive las elecciones más violentas de su historia, se contabilizan más de 173 agresiones y 80 asesinatos desde el 8 de septiembre de 2017, cuando se inició el proceso electoral en el país.

Rubén Salazar, director general de Etellekt, explicó durante el foro ‘Los retos y las amenazas a la seguridad durante las elecciones’ que las elecciones del 1 de julio de 2018, son “las más grandes de la historia del país” remarcando que hay más de 3.400 puestos en juego, y esto representa un serio desafío para el estado mexicano en lo que se refiere a brindar seguridad a los aspirantes y actores políticos involucrados. También resaltó que el crimen organizado ha aprovechado el periodo de precampañas para llevar a cabo estas agresiones, identificando que el 66% de las agresiones lo fueron en este periodo.

Sin duda, una realidad lacerante que refleja la apremiante necesidad de que las autoridades tomen cartas en el asunto y el sistema de protección del gobierno contemple la protección de las y los precandidatos así como de la ciudadanía en general.

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