Esterilizaciones forzadas en Perú // Amnistía Internacional

En diciembre de 2018, cinco horas antes de Navidad, el presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió indultar al expresidente Alberto Fujimori. Además, Kuczynski le otorgó la gracia presidencial y con ello lo blindó ante eventuales condenas de casos que aún no han sido resueltos por la justicia. Uno de esos casos es el de las esterilizaciones realizadas a mujeres en contra de su voluntad durante la década de los noventa.

En 1995,  Fujimori impulsó un programa de planificación familiar en el país que incluyó entre sus opciones la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). Este programa se viabilizaba a través de campañas o festivales de salud, principalmente en zonas de sierra, selva y urbanos marginales del país.  Pero a fines de ese mismo año aparecieron las primeras quejas: aunque existían otros métodos, para mujeres y varones, las campañas priorizaban las AQV a mujeres. Además, se apelaba a incentivos o amenazas para que ellas aceptaran realizárselas; las condiciones en las que se realizaban no eran adecuadas o no se hacía un seguimiento al estado de salud de las personas intervenidas. Ante las presiones, en 1996 se introdujeron algunos ajustes a los procedimientos, pero las quejas seguían apareciendo al punto que, en 1997, año en el que las esterilizaciones alcanzaron su pico máximo, se reportaron seis muertes, según datos del Ministerio de Salud (Minsa).

El número de víctimas

La cifra oficial de víctimas siempre ha sido un campo de lucha. El informe final de la Comisión Especial sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), impulsada por el Minsa, da cuenta de 298,707 intervenciones realizadas por el Minsa en el periodo 1995-2000. Estas incluyen ligaduras de trompas y vasectomías, aunque la diferencia es abismal entre ambas, pues las campañas priorizaban las operaciones a mujeres. Pero el informe no especifica cuántas de estas se realizaron sin consentimiento. En cambio, investigaciones periodísticas y académicas han logrado documentar miles de casos. Del otro lado, la investigadora María Cecilia Villegas sostiene que esas cifras son un mito y que las denuncias de esterilizaciones forzadas comprobadas por la Defensoría del Pueblo apenas sobrepasan las sesenta. Se basa para ello en un análisis cuantitativo de las denuncias registradas ante esa institución, lo cual contrasta con los numerosos testimonios documentados en campo. Lo cierto es que recién el 2015 el gobierno peruano autorizó la creación de un Registro Nacional de Víctimas, pero hasta ahora no se tiene un número oficial de estas.

La responsabilidad

Un argumento central de las denuncias es que las esterilizaciones sin autorización formaban parte de una política de estado, es decir, fueron promovidas por el propio Fujimori, como un método para reducir la pobreza. Por eso, justamente, se enfocaba en las regiones más pobres del país. Como prueba, además de testimonios de personal técnico involucrado en las campañas médicas, existen documentos que demuestran el establecimiento de metas de esterilizaciones y que el expresidente estaba al tanto de ellas. Además, dan cuenta de que se condicionaba la estabilidad laboral del personal médico contratado al cumplimiento de cuotas mensuales de intervenciones.

Sin embargo, para los ministros de salud de la época, la responsabilidad se ubica en los mandos medios. El argumento de Villegas se ubica en la misma línea. Para ella, las esterilizaciones sin consentimiento fueron delitos que se cometieron en la implementación del programa, no el objetivo central de este.  

La palabra de las mujeres

“Yo no quería ir porque no estaba mi esposo, pero a la fuerza nos llevaron a las siete de la mañana.  Yo me quería escapar del hospital, pero no nos dejaron ir. Les dijeron que iban a tener alimentos después de operarse. Ella no firmó nada porque no sabe escribir. El presidente de la comunidad dice que los sanitarios fueron de casa en casa a buscar a las mujeres. No han hecho ninguna fiesta (campaña o festival). Aproximadamente cinco mujeres fueron ligadas en contra de su voluntad en esta comunidad”.

El informe Nada Personal, publicado por CLADEM ya recuperaba en 1999 testimonios como este. Además de tratarse de mujeres de zonas rurales o campesinas, la constante en los casos presentados es el uso de amenazas, chantajes u ofrecimientos para que acepten ser esterilizadas, la falta de información previa de lo que implicaba la intervención y la ausencia de controles de salud posterior a esta. Estas formas de acción se repiten en regiones tan distantes como Amazonas, Cusco, Piura o Ancash. Y las consecuencias en las vidas de estas mujeres también son similares: desde problemas de salud que les impidieron volver a trabajar en el campo hasta el sentimiento de ya no valer por no poder tener más hijos.

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