En un contexto de pobreza en el que cualquier ingreso económico en la familia puede suponer la diferencia entre comer o no comer ese día, ¿se puede defender la ocupación laboral a partir de los 10 años de edad o, por el contrario, es una edad excesivamente temprana? Esta es la situación en la que se halla actualmente Bolivia, país en el que la tasa de pobreza asciende a un 39%. Su presidente, Evo Morales, defiende el trabajo infantil a partir de los 10 años y apuesta por implementar políticas que les proteja.

En 2014 Bolivia rebajó la edad permitida para trabajar para uno mismo o para su familia a 10 años. También pueden empezar a trabajar para otras personas a la edad de 12 años. En ambos casos la edad mínima permitida para trabajar con anterioridad a esta nueva ley era de 14 años. Contrariamente a las recomendaciones de instituciones internacionales como las Naciones Unidas o la Organización Internacional del Trabajo, Bolivia aprobó y aplicó esta nueva ley y, recientemente, Evo Morales ha ratificado su apoyo al derecho de los y las menores a trabajar para poder subsistir promulgando nuevos decretos en pro de su protección.

Por un lado, para aquellos/as menores que sufran violencia en el trabajo, uno de los decretos les garantiza asistencia jurídica gratuita. Por otro lado, en caso de tener a sus hijos e hijas críticamente enfermos/as, uno de los decretos brinda permisos pagados para sus padres. Además, el gobierno boliviano ordena la difusión de mensajes de amor, afecto, respeto, aprecio y dignidad hacia los niños/as y adolescentes y contra la violencia, según Euronews.

Pese a los esfuerzos del gobierno boliviano por enfatizar datos positivos – en 2017 Bolivia fue el país sudamericano con mayor crecimiento económico, un 4% según el Banco Mundial – los datos que juegan en su contra son evidentes. Según Unicef, unos 850.000 niños y niñas trabajan en Bolivia. Establecer mecanismos de protección para todos y todas es prácticamente imposible, pues quedan desamparados ante acoso, maltrato, violencia sexual, explotación e infanticidio, especialmente los y las más pobres. A este respecto, Hernán Rico, delegado del gobierno para Niños y Adolescentes en Cochamba, admite haber dificultades administrativas en relación a medidas concretas decretadas por ley como es, por ejemplo, el registro de todos y todas las menores trabajadores/as, herramienta que facilitaría su protección a través de su rastreo.

El debate es ya internacional: ¿regularizar el trabajo infantil es una vía favorecedora para la protección de las y los menores?, ¿es la prohibición de la ocupación laboral infantil el único mecanismo para protegerlos de la violencia a la que se ven diariamente expuestos/as?  Este tipo de reflexiones traen a nuestra memoria otros debates de corte similar como el publicado anteriormente en este mismo diario en torno a la regulación de la prostitución. Y es que parece prácticamente imposible defender el derecho al trabajo infantil, con las connotaciones éticas que de por sí conlleva, sin ya tan siquiera considerar el hecho de no poder garantizar su seguridad y protección. Por mucho que mejoren los datos económicos de todo un país a través de prácticas como estas, debemos tener presente que en un mundo justo e igualitario no todo vale. 

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