A bombo y platillos se ha anunciado la firma entre el gobierno, la patronal y los sindicatos del acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 850 euros mensuales. Con condiciones, naturalmente. Esto ocurrirá en tres años y solo si se da el hecho de que la economía crezca en un 2,5%. Si no, nada de nada. Por lo demás, aparte de tales condicionantes existe otro elemento a considerar: el carácter del mercado laboral español.

Aun dando por sentado que se cumplan las mencionadas previsiones, viene a resultar que tan solo una parte de los trabajadores gozarán auténticamente del susodicho incremento. Será así por cuanto la dualidad del mercado laboral se ha agudizado año tras año hasta mostrar un desafortunado dibujo. ¿De qué va a servirles el supuesto incremento a este 25,8% de asalariados que han de conformarse con trabajos temporales? ¿De qué va a servirles al 15,3% de trabajadores a tiempo parcial? Si acaso, migajas a agradecer entre las migajas laborales a que se les da acceso.

No es oro sino oropel. En una sociedad en la cual existen 1,3 millones de hogares donde nadie tiene empleo. En una sociedad en la cual la tasa de paro es del 17%, en cuanto a los hombres, y del, ¡alerta!, 20 % de las mujeres. ¿Por qué siempre “ellas” han de ser las más perjudicadas? En el desempleo, según vemos, pero también en la retribución, dado que el salario medio anual femenino es un 23% inferior al masculino.

Así pues, desde una óptica imparcial y a la vez feminista, lo cual no es incompatible cuando se tienen datos en la mano, el presagiado incremento del salario mínimo suena a hojarasca. Para la población desempleada, para los asalariados con ocupaciones temporales, para los sometidos a contratos precarios, y todavía en mayor medida, para las mujeres. Un sector, el femenino, que soporta una tasa de paro más elevada y sufre una aguda discriminación salarial. Pues eso, propaganda, y medallas de hojalata que se cuelgan las autoridades.

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