Este miércoles 27 de diciembre se ha celebrado la Conferencia Sectorial de Igualdad con el objetivo de poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

 Desde el pasado lunes 25 de diciembre, 3 personas han sido asesinadas a causa de violencias machistas según los últimos datos de Feminicidio.net (dos feminicidios íntimos y un hombre asesinado por la expareja de su novia). Así pues, este Pacto se formaliza precisamente en una semana que evidencia una vez más la necesidad urgente de plantear soluciones.

El 15 de noviembre del 2016, en el Congreso de los Diputados se instó al Gobierno a promover un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dotar de suficientes partidas presupuestarias los recursos destinados a la prevención de dicha violencia, activar de forma permanente un Plan de Sensibilización y Prevención, mejorar la formación específica del personal que interviene en la atención de la violencia de género y poner en marcha Juzgados Especializados, entre muchas otras instancias. El Congreso de los Diputados aprobó la creación de una Subcomisión de la Comisión de Igualdad para redactar dicho Pacto. La subcomisión se constituyó en febrero del 2017 y durante cuatro meses se celebraron múltiples comparecencias de expertas, juristas, presidentas, portavoces y responsables, hasta que se debatió la elaboración del informe durante los meses de junio y julio. El 24 de julio se aprobó el informe y el 28 de septiembre se aprobó el pacto en el pleno del Congreso de los Diputados con la abstención de Podemos y de algunos diputados del grupo mixto.

El pacto tiene como objetivo erradicar la violencia de género en España y pretende cubrir todas las vías de actuación:

  • Empezando por la educación, la considera el principal modo de prevención de la violencia. Entre las medidas concretas, destacan la designación en cada Consejo Escolar de un docente responsable de impulsar medidas que fomenten la igualdad en el centro, o la introducción de los logros del movimiento feminista en los libros de historia. También presenta diversas medidas dirigidas a la formación específica del profesorado en todos los niveles educativos y la evaluación y seguimiento por el cuerpo de inspectores.
  • El pacto recoge la necesidad de mejorar la campañas contra la violencia de género, especialmente poner al agresor en el punto de mira y no revictimizar a las mujeres.
  • Pretende promover la cooperación internacional para ayudar a la erradicación de trata.
  • Inducir y promover en los medios publicidad incluida una visión no sexista, no denigrante o discriminatoria de la mujer.
  • En el ámbito deportivo sólo encontramos una medida: ampliar las sanciones a los clubes que permitan apología de la violencia de género.
  • En el ámbito laboral, impulsar campañas, elaborar sellos que reconozcan buenas prácticas, recabar datos estadísticos, promover el uso del teletrabajo en los casos necesarios.
  • Se propone mejorar la detección precoz de casos de violencia de género desde los centros sanitarios.
  • Las instituciones, por su parte, deben responder de manera coordinada a los casos más vulnerables. Entre otras medidas, destacan la promoción de Unidades de Apoyo Locales y planes contra matrimonios forzosos.
  • Los cuerpos de Seguridad deberán formarse y preparar planes especializados.
  • En el ámbito jurisdiccional, se pone fin a derechos o vacíos legales sin sentido, al considerar como víctimas de violencia a madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas o al prohibir que los menores visiten a sus padres si han sido condenados por violencia de género, entre muchos otros.

Según la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, el presupuesto de dicho pacto será de 200 millones de euros para el 2018 y de un total de 1.000 millones en los próximos 5 años. No obstante, las críticas que ha recibido el Pacto (las abstenciones de Podemos y algunos diputados del grupo mixto, por ejemplo) van precisamente hacia la vía presupuestaria y organizativa. Según algunas declaraciones, el Pacto no va acompañado de un calendario de objetivos ni de una concreción presupuestaria asignada a las medidas. Además, de las 213 medidas recogidas en el Pacto, de momento solo han sido anunciadas 26 para llevarse a cabo en el próximo año.

El Pacto, dotado de estos dos requisitos indispensables, es pues un buen principio para la lucha contra la violencia de género, aunque, seguramente, no va más allá de lo obvio (y que hace tanto tiempo que debería haberse acordado y solucionado) y se queda corto en cuanto a mejorar el posicionamiento de las mujeres: no intenta igualar su condición en todos los ámbitos de la vida social, individual e íntima y esto seguirá contribuyendo a la larga, también, a la consolidación de una sociedad patriarcal y machista. No obstante, hay que aplaudir la aceptación que el Pacto ha conseguido, pues indica el consenso social en pro de la erradicación de esta violencia.

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