Hace poco más de un año, el 4 de diciembre de 2016, hallaron muerta en un piso de Bogotá, Colombia, a Yuliana, una niña indígena de 7 años. Yuliana fue secuestrada, torturada, violada y asfixiada hasta la muerte por Rafael Uribe Noguera, 38 años, arquitecto, proveniente de una familia adinerada y reconocida en Bogotá. La estremecedora noticia sacudió a todo un país y lo situó en un nuevo tablero de juego en el que poder, contactos y dinero se confrontaban a la justicia colombiana.   

En unos de los edificios construidos por la familia Uribe Noguera en el barrio norteño de Chapinero Alto es donde Rafael cometió las atrocidades contra la pequeña Yuliana. La puerta de ese edificio se llenó de velas y flores en su memoria, pero más allá de la tristeza y la rabia, el pueblo clamó justicia para Yuliana y su familia exigiendo que el caso no quedara impune, fuera cual fuese la identidad de su asesino. Según la BBC, inclusive el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se posicionó condenando lo sucedido a pesar de estar conectado en su círculo cercano con personas afines a los Uribe Noguera.

Las autoridades se enfrentaban a un nuevo desafío político y social. Pues anteriormente ya había habido casos en que no se condenaban a los acusados por ser de familias influyentes y acaudaladas. Su status económico y social hizo que mucha gente gritara con más rabia “¡justicia!”. El clamor popular y la atención al caso por parte de los medios de comunicación obtuvieron sus resultados y hubo sentencia para Rafael Uribe de 58 años de prisión -condena ampliada en noviembre- por “secuestro simple, acceso carnal violento, tortura y feminicidio agravado”. Esta condena coincidió con la transformación política, económica y social que está protagonizando Colombia.

Contra todo pronóstico de los Uribe Noguera y contrariamente al dicho popular “la justicia es para los de ruana [campesinos/as]”, el caso Yuliana supone un punto de inflexión en la justicia colombiana superando las relaciones de poder, el clasismo y la manipulación de leyes a los que muchas familias poderosas estaban acostumbradas. Este caso es ya un precedente histórico en Colombia y se espera que en próximos sucesos la justicia haga su labor para con el pueblo, independientemente de las características de la víctima o el agresor. A su vez, Yuliana, desafortunadamente, se ha convertido en el símbolo de la lucha contra los feminicidios, el clasismo, el racismo y la violencia contra los/las menores. Una niña pobre, indígena y de tan sólo 7 años cayó en las garras de un acomodado Uribe Noguera, quien se creyó con el total control sobre ella  y su cuerpo por ser precisamente niña, pobre e indígena.

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