Justicia // qimono pixabay  CC0 Creative Commons

Las agresiones sexuales no se limitan al hecho delictivo, sino que engloban también la crueldad social que recibe tanto la víctima, sobre la que se pone el foco de la sospecha, como quienes la apoyan. Romper el silencio ante una agresión sexual supone que tu persona, tu intimidad, tu vida sexual y tu honor sean cuestionados por todos aquellos que ven amenazado su poder.

En especial, en los últimos años las redes sociales se han convertido en el marco ideal para acosar impunemente a las mujeres que denuncian una situación de abuso sexual propia o ajena. Esto provoca que miles de perfiles de mujeres valientes se inunden de ataques en forma de calumnias, humillaciones e intromisiones a su vida privada.  

Estas actuaciones machistas, amparadas en impunidad del anonimato, se ven legitimadas cuando en los procesos judiciales se acepta el seguimiento de la vida privada de una víctima para encontrar en ella indicios de responsabilidad de la agresión sexual que ha sufrido. Esta actuación proporciona los argumentos a acosadores de primer y segundo orden para seguir hostigando la vida de las mujeres quienes pese a haber sufrido el peor de los machismos deciden intentar seguir con sus vidas. Centrándonos en el mediático caso de la presunta violación de “la manada”, las decisiones judiciales están teniendo un gran impacto y responsabilidad social ya que están dando el mensaje de que la libertad sexual de una mujer la responsabiliza de una agresión sexual.

Las consecuencias de este machismo estructural son inevitables: las mujeres víctimas de agresiones sexuales no las denunciarán por miedo al posterior cuestionamiento de su vida y libertad sexual, mientras que cada vez serán menos las personas que se atrevan a posicionarse al lado de las víctimas a sabiendas que su vida será objeto de escrutinio.

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